La reforma de la subcontratación aprobada el 20 de abril tiene implicaciones no sólo legales sino también fiscales para las empresas en México. Los cambios, que afectan al CFF, la LIVA y la LSR, entrarán en vigor el 1 de agosto de 2021.

¿Qué cambiará a nivel fiscal con la Reforma de Outsourcing?

  • No tendrán efectos fiscales de deducción para ISR o acreditamiento para IVA, los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante.
  • Los pagos por subcontratación de servicios o ejecución de obras especializados son deducibles y acreditables para el IVA, siempre que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante del contratante y el contratista cuente con el registro ante la STPS y se cumplan con requisitos previsto en LISR y LIVA.
  •  Los pagos por servicios u obras complementarias o compartidas entre empresas del mismo grupo serán deducibles para ISR y acreditables para IVA, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad preponderante de la empresa que los reciba.
  • Responsabilidad solidaria para las personas morales o personas físicas, que reciban servicios especializados u obras complementarias o compartidas, por las contribuciones que se causen a cargo de los trabajados con los que se preste el servicio.
  • Será agravante en la comisión de infracción la deducción y acreditamiento de los pagos por subcontratación y servicios en los que se proporcione o ponga personal a disposición del contratante, la multa se aumentaría de un 60% a un 90% calculada sobre el monto de las contribuciones omitidas o del beneficio indebido.
  • Será delito de defraudación fiscal calificado, cuando se origine por utilizar esquema simulados de prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas o realizar la subcontratación de personal o servicios en los que se proporcione o poner personal a disposición del contratante, por lo que la pena se aumentaría una mitad.

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